Custodia compartida: Un análisis crítico de los discursos del Tribunal de Apelaciones en los procesos de adjudicación de custodia de la Ley 223 del 2011.

Abstract

Esta investigación giró en torno al objetivo general de analizar la construcción discursiva de la custodia compartida en las determinaciones del Tribunal de Apelaciones al amparo de la Ley 223. El estatuto es conocido como Ley Protectora de los Derechos de los Menores en los Procesos de Adjudicación de Custodia del 21 de noviembre de 2011. El contexto de la investigación se centró sobre la política social de custodia que se implementa y se interpreta en el escenario judicial. En el proceso de adjudicación de custodia, los tribunales tienen una función social. Con las decisiones judiciales se impacta con quién viven las hijas e hijos, incluyendo el periodo de tiempo, los roles económicos y la transformación de las estructuras familiares ante un divorcio o separación de la pareja. Estos procesos judiciales inciden en la política pública al complejizar las relaciones sociales y alterar los aspectos de la convivencia, estructura, roles y funciones de las familias, entre otros. Al momento de esta investigación, el tema no se había estudiado utilizando una metodología de análisis histórico crítico del discurso. Tampoco se había abordado el tema desde las decisiones judiciales apelativas sobre casos de custodia compartida. Se encontró que estaba ausente de las investigaciones un abordaje a la implementación de La Ley 223 y el rol de profesionales del trabajo social adscritos a la Rama Judicial y quienes por mandato de la misma ley tienen el deber de asesorar a las juezas y jueces en la toma de decisiones en estos casos. Finalmente, esta política social aborda la niñez desde el concepto de “mejor bienestar” e implica el reconocimiento de derechos a este sector poblacional. Para esta investigación, se utilizó un marco teórico que integró aportaciones del construccionismo social y sus fundamentos fenomenológicos y el posestructuralismo. Se usó una muestra de 16 sentencias del Tribunal de Apelaciones desde que se aprobó la ley en el 2011 hasta el 2020. También, se realizaron entrevistas élites a profesionales claves en los procesos de custodia y se analizó la ley y las Normas y Procedimientos de las Unidades Sociales de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores de la Administración de los Tribunales del Gobierno de Puerto Rico. La investigación aspiró a analizar el discurso de la custodia compartida describiendo los procesos judiciales y ponderándolos de forma crítica con las mejores prácticas establecidas en la literatura científica especializada en el tema. Se integraron los conceptos de familia, custodia, crianza, custodia compartida, mejor bienestar de la niñez, roles, paternidades, maternidades, los tribunales y el acceso a la justicia. Estos fueron analizados en una articulación con el construccionismo social y el posestructuralismo. El método de investigación fue cualitativo con exploración en dos fases, incluyendo análisis de documentos y entrevistas élites a profesionales claves. El diseño de investigación fue el del análisis histórico crítico del discurso (Reisigl & Wodak, 2016). La estrategia de recolección de datos y recopilación de información se basó en la revisión sistémica de la Ley 223, los documentos administrativos de la Rama Judicial para su implementación y la revisión de sentencias del Tribunal de Apelaciones que cumplían con los requisitos de inclusión para la investigación. Para el análisis de información, los datos fueron codificados y registrados en categorías basadas en las estrategias discursivas. Los hallazgos revelaron que el discurso de la custodia compartida giró principalmente sobre el mejor bienestar de la niñez. Este concepto, no contó con una definición en la ley, las normas de las unidades de familia y las sentencias. Su consideración judicial se operacionalizó a base de discreción judicial. Las evaluaciones sociales que la Ley 223 ordena a las unidades sociales de la Rama Judicial son uno de los criterios que se consideran en la adjudicación de custodia. En las sentencias revisadas, se levantó la impresión de que el Tribunal de Apelaciones reconoció que la Ley 223, y la consideración de la custodia compartida, respondían a un cambio en las estructuras familiares nucleares hacia nuevos tipos de familia. También se reconoció, una transformación en la asignación de los roles de crianza y cuidados centrados en la mujer a un discurso de corresponsabilidad entre el padre y la madre hacia los hijos e hijas. Los procesos judiciales de custodia se caracterizaron por ser complejos, extensos y litigiosos, donde lejos de garantizar el mejor bienestar del niño y la niña se le mantiene como centro de la disputa sujeto a los intereses particulares de su padre y su madre. Del análisis de los hallazgos se desprendió la necesidad de revisar la ley, las normas y los procesos judiciales, partiendo de los derechos y necesidades de la niñez involucrada en estas peticiones. Se recomendó una mirada diferente a estos procesos, donde los desacuerdos sobre la custodia traten de ventilarse primero fuera del escenario adversativo en que se fundamentan el sistema judicial del país. Para finalizar, se destacó la importancia de reconfigurar y deconstruir las caracterizaciones de los actores judiciales que inciden en los procesos de adjudicación de custodia.

This research had the general objective of analyzing the discursive construction of shared custody in the determinations of the Court of Appeals under Law 223. The statute is known as the Law for Protecting the Rights of Minors in Custody Adjudication Proceedings of November 21, 2011. The context of the research focused on the social policy of custody that is implemented and interpreted in the judicial scenario. In the custody adjudication process, the courts have a social role. Judicial decisions impact who the daughters and sons live with, including the period of time, economic roles and the transformation of family structures in the face of a divorce or separation from the couple. These judicial processes affect public policy by complicating social relations and altering aspects of coexistence, structure, roles and family functions, among others. At the time of this research, the topic had not been studied using a methodology of critical historical analysis of discourse. Nor had the issue been addressed using the decisions of the Court of Appeals in shared custody cases. So far, there has been no research approach that focuses on the implementation of Law 223 and the role of social work professionals assigned to the Judicial Branch, who by mandate of the same law, have the duty to advise the judges in making decisions in these cases. Finally, this social policy addresses children from the concept of "best interests" and implies the recognition of rights to this population sector. For this research, a theoretical framework was used that integrated contributions from social constructionism and poststructuralism. A sample of 16 judgments of the Court of Appeals was used from the date the law was passed in 2011 to 2020. Also, elite interviews were conducted with key professionals in custody processes. The investigative process included the analysis of Law 223 of 2011 and the Rules and Procedures of the Social Units of Family Relations and Juvenile Affairs of the Administration of the Courts of the Government of Puerto Rico. The research aimed to analyze the discourse of joint custody by describing judicial processes and weighing them critically with the best practices established in the scientific literature specialized in the subject. The concepts of family, custody, upbringing, shared custody, best interest of children, roles, paternities, maternities, courts and access to justice were integrated. These concepts were analyzed in an articulation with social constructionism and poststructuralism. The research method was qualitative with exploration in two phases, including document analysis and elite interviews with key professionals. For the research design, the critical historical analysis of discourse was used (Reisigl & Wodak, 2016). The data and information collection strategy were based on the systemic review of Law 223, the administrative documents of the Judicial Branch for its implementation, and the analysis of judgments of the Court of Appeals that met the inclusion requirements for the investigation. For information analysis, data were coded and recorded in categories based on discursive strategies. The findings revealed that the discourse of joint custody revolved mainly around the concept of “best interest of children”. This concept did not have a definition in the law, the norms of the family social evaluation office and the judgments. Its judicial consideration was operationalized based on judicial discretion. The social work evaluations that Law 223 orders to the family social evaluation office of the Judicial Branch are one of the criteria that are considered in the adjudication of custody. In the process of reviewing the judgments, the impression was raised that the Court of Appeals recognized that Law 223, and the consideration of joint custody, responded to a shift in nuclear family structures towards new types of family. Also recognized a transformation in the assignment of women-centered parenting and care roles to a discourse of co-responsibility between father and mother, towards sons and daughters. The custody judicial processes were characterized by being complex, extensive, and litigious, where far from guaranteeing the best interest of the children, they are kept at the center of the dispute subject to the interests of their father and mother. The analysis of the findings showed the need to review the law, regulations, and judicial processes, based on the rights and needs of the children involved in these petitions. A different look at these processes was recommended, where disagreements over custody try to be aired first outside the adversarial scenario on which the country's judicial system is based. Finally, the importance of reconfiguring and deconstructing the characterizations of the judicial actors that affect the custody adjudication processes was highlighted.