Desafíos en la intervención del Trabajo Social en el área metropolitana de Puerto Rico durante los años 2020 a 2025 para la atención de menores de edad de 13 a 17 años con diagnósticos de diversidad funcional cognitiva que sobreviven abuso sexual

Abstract

Esta investigación cualitativa, de alcance exploratorio-descriptivo y diseño narrativo, examina desafíos que enfrentan profesionales del Trabajo Social al intervenir con juventudes de 13 a 17 años con diagnósticos de diversidad funcional cognitiva que sobreviven abuso sexual en el área metropolitana de Puerto Rico, durante el periodo de 2020 a 2025, marcado por crisis superpuestas: la pandemia del COVID-19, el Estado de Emergencia por violencia de género, el huracán Fiona y los recortes presupuestarios derivados de la Junta de Control Fiscal. Se fundamenta en la urgencia de visibilizar la ausencia de estadísticas oficiales en Puerto Rico que integren diversidad funcional y abuso sexual, y la escasez de estudios que exploren sistemáticamente los retos de la intervención desde la perspectiva profesional. Los datos internacionales revelan que niñeces con diversidad funcional cognitiva enfrentan un riesgo significativamente mayor de experimentar abuso sexual, situación que se agudizó durante la pandemia al aumentar el aislamiento y reducir los espacios de protección. Los datos se recopilaron mediante entrevistas semiestructuradas en profundidad a seis personas profesionales del Trabajo Social, seleccionadas por convocatoria abierta. El análisis se organizó en tres dimensiones: institucional, sociofamiliar y contacto directo con la población, con la ética como eje transversal. Los hallazgos revelan que personas profesionales tienden a conceptualizar la diversidad funcional desde una mirada clínica centrada en limitaciones, desplazando enfoques de derechos humanos. A nivel institucional, se identificaron barreras como la precariedad de servicios, la falta de protocolos especializados y deficiencias en capacitación. El ámbito sociofamiliar, el estigma social, la desigualdad socioeconómica y la limitada credibilidad otorgada a menores de edad con diversidad funcional cognitiva condicionan el acceso a servicios y el proceso de intervención. En el área familiar, las respuestas ante la revelación del abuso inciden directamente en el proceso profesional. La intervención directa, lejos de ser lineal, exige adaptación constante y genera impacto emocional en quienes ejercen la profesión. Los dilemas éticos emergen de manera transversal en todas las dimensiones. Se concluye señalando la necesidad de avanzar hacia prácticas especializadas, políticas públicas que garanticen servicios equitativos y respuestas interagenciales más efectivas, para reducir la exclusión estructural persistente alrededor de esta población.