Entre la promesa y la realidad: análisis crítico sobre la accesibilidad y disponibilidad a servicios de salud mental para personas adultas en Puerto Rico según el artículo 3.06 de la Ley 408 del 2000

Abstract

El propósito de esta investigación fue realizar un análisis crítico de la política social de salud mental en Puerto Rico, enfocándose en el inciso “a” del artículo 3.06 de la Ley 408 del 2000, que garantiza el derecho a servicios accesibles y disponibles. El estudio evaluó cómo la persistencia de barreras en la accesibilidad y la disponibilidad de los servicios de salud mental obstaculizó la atención oportuna y adecuada para las personas adultas diagnosticadas con trastornos mentales. Desde la perspectiva del Trabajo Social, esta investigación ofrece una comprensión profunda de cómo dichas limitaciones vulneran los derechos humanos y plantean serias implicaciones éticas desde un enfoque de justicia social. La investigación se justificó por su contribución al campo del Trabajo Social y la política pública al abogar por un sistema de salud mental más inclusivo, justo y de calidad en Puerto Rico, en alineación con los principios de equidad y derechos humanos. El marco teórico se sustentó en una perspectiva integral que combinó la teoría de la justicia social de Rawls, el modelo ecológico de Bronfenbrenner y el posestructuralismo, complementados por el modelo de determinantes sociales de la salud, el modelo biopsicosocial y el enfoque de derechos humanos. Esta fusión teórica permitió deconstruir las causas subyacentes de las desigualdades estructurales en el acceso a los servicios. La investigación se desarrolló mediante una metodología cualitativa de tipo exploratorio-descriptivo, con un diseño de estudio de casos. La información se recopiló mediante la triangulación de fuentes, incluyendo: entrevistas élite (realizadas a hacedor de leyes, experto en accesibilidad, ejecutiva de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y lideresa de organización no gubernamental), entrevistas semiestructuradas (realizadas a profesionales de primera línea: trabajadora social, psicóloga y consejera) y análisis documental de la Ley 408 del 2000 y Proyecto de la Cámara 1007. Los hallazgos visibilizaron barreras estructurales como la escasez de profesionales, la distribución desigual de servicios y los controles administrativos de las aseguradoras, así como obstáculos sociales e individuales relacionados con el estigma, las limitaciones económicas y la falta de transportación. La evidencia generada confirmó su impacto en la continuidad del cuidado y en la inequidad territorial. A partir de esto, se recomienda fortalecer la fiscalización del cumplimiento de la Ley 408 del 2000, simplificar los procesos administrativos, redistribuir los recursos clínicos según criterios territoriales y ampliar modalidades de atención como la telesalud y los servicios móviles, con el fin de garantizar un sistema más accesible, equitativo y centrado en los derechos humanos.